Dice la
comunidad social, política y mediática de la derecha que la huelga del 14N era
una huelga política. Cierto, lo es. Nadie ha pretendido que no lo sea, todo lo
contrario, es un instrumento político de carácter colectivo que pretende a
través de la presión popular, reorientar las políticas de un Gobierno o incluso
cambiar un sistema por completo. Parece ser absurdo que la derecha apele a ello
para deslegitimarla o denostarla pero, no lo es puesto que detrás de la huelga
política le sigue el argumentario de la legitimidad democrática del Gobierno
elegido en las urnas o del estatus quo (del sistema capitalista)
constitucionalmente reconocido. Y entonces, todo cobra un sentido si a estos
argumentos le añadimos que la izquierda pretende suplantar, a través de una
huelga general, la legitimidad que dan las urnas al actual gobierno. Entonces,
el razonamiento de la derecha cierra por completo su circulo argumental.
Alguien
debe decir con mediana claridad que la huelga es un instrumento de presión y
contrapeso de la clase trabajadora, que ha sido aceptada por el propio sistema constitucional
y democrático contemporáneo para su propia supervivencia. Y no viene de ahora
sino de hace décadas, por no decir siglos, que o se reformaba el sistema o se
rompía a través de la revolución social.
La huelga general
es un derecho y un instrumento de los trabajadores y en general de los
ciudadanos que se incorporan al sistema democrático y de libertades, de igual
manera que son derechos e instrumentos políticos las elecciones, las
manifestaciones, las concentraciones, las peticiones a las administraciones,
etc.
Quien
verdaderamente cree en un sistema democrático avanzado propio del siglo en el
que estamos, no se puede quedar en una concepción tan simple y originaria
propia de hace varios siglos, que presupone que la democracia es lo mismo que
elegir a un gobierno a través de las elecciones y que ese gobierno legal lo es
todo en el sistema. Una parte no es el todo.
Cuando uno
escudriña en los sistemas democráticos de otros países, la primera
consideración que se hace es que nadie es perfecto y en todos los sistemas
existen debilidades y fortalezas. Pero el nuestro quizás sea de los sistemas
democráticos donde con mayor claridad se observa la inadaptación del sistema
político con la cultura cívica y política de sus ciudadanos. Habría que
remontarse a la reciente historia de la transición política y la anterior
dictadura para encontrar el porqué de esta inadaptación.
Lo cierto
es que este país en comparación a otros de nuestro entorno tiene importantes debilidades
y lagunas en cuanto a los instrumentos del sistema democrático, empezando por
un sistema electoral perverso que debilita el dialogo y el consenso a favor de
gobiernos hegemónicos y absolutos. O el propio instrumento de huelga donde
lejos de protegerse como derecho se criminaliza como un problema de orden
público.
Este país,
carece de sistemas de referéndums y consultas populares en todos los niveles.
Pongo un ejemplo que siempre me ha llamado la atención: cuando critican el
sistema democrático de Venezuela por aquello de cierta animadversión al
populista Chavez. No pretendo refrendar ni su política ni poner como ejemplo de
sistema democrático su constitución, pero sí que puedo decir que ya me gustaría
que en este país, con un millón de firmas fuese obligatorio realizar un
referéndum revocatorio del mandato de un Presidente que también fue elegido
democráticamente. También existen situaciones similares en ciertos estados de
los EEUU. En este país la elección de un presidente supone un cheque en blanco
para cuatro años.
Este tipo
de instrumentos, para aquellos que denostan las huelgas políticas, son útiles
para que partiendo de sus propias premisas despolitizarlas y llevarlas al
ámbito económico como reza el empresariado.
En este
país está penalizado, limitado y censurado constitucionalmente el mecanismo de
la consulta ciudadana en temas centrales como puede ser la política fiscal. Si
a un ciudadano o a un trabajador en aspectos tan trascendentes para su
bienestar y supervivencia, no puede decidir todos los días sino cada cuatro
años, no le cabe otra opción que utilizar cualquier resquicio sea la
concentración o manifestación o la huelga general para manifestar políticamente
su deseo de cambio de rumbo o su desafección.
La huelga
general es una huelga política, lo sabemos y lo que no sabe o deliberadamente
no quiere saber gran parte de la derecha, es que además de ser legal también
otorga legitimidad a un gobierno y a un sistema. Una huelga general no decide
que partido o que políticos han de gobernar, no es el instrumento apropiado
pero, si es un instrumento que sirve para limitar el alcance de una política
determinada y está refrendada por aquellos que secundan activa o pasivamente
una huelga general.
Si el
Gobierno o gobiernos de turno no asumen que la huelga general también es un
instrumento al servicio del sistema democrático y por lo tanto también otorga
legitimidades, entonces cometen un error fundamental y es que indirectamente
están dando justificaciones sólidas para quien consideran la violencia la única
alternativa viable y posible para cambiar el actual estado de las cosas.
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